El Fondo de Reserva de la Seguridad social se ha ido nutriendo de los excedentes de cotizaciones en los años de bonanza económica y los rendimientos obtenidos por el propio Fondo, hasta alcanzar una cifra de casi 70.000 millones de euros en 2011.
Pero ahora el panorama ha cambiado, y solo quedan 25.716 millones. El Gobierno del PP ha dispuesto de casi 45.000 millones y apenas ha dado explicaciones. Así las cosas, el Fondo se vaciará totalmente a finales de 2.017.
Por otra parte, en enero de 2016 se ha cumplido el plazo de 5 años desde la última revisión del Pacto de Toledo, sin que el Gobierno, hoy en funciones, haya remitido al Congreso el Informe sobre evaluación del cumplimiento de las últimas recomendaciones.
A la vista del gráfico está claro que la situación es insostenible. Este escenario aboca al Gobierno entrante, que posiblemente será el PP, a afrontar -de una vez- el problema de la financiación del sistema de pensiones. Los partidos políticos son conscientes de esta situación y han realizado varias propuestas.
El Gobierno de PP lanzó en los presupuestos de este año la idea de financiar con impuestos las pensiones de las viudas y los huérfanos. El PSOE propuso en la campaña electoral crear un impuesto solidario que financie a la Seguridad Social, una medida que Unidos Podemos apoyaría.
Pero los populares dicen que la solución es crear empleo. Pero los nuevos empleos, entre bonificaciones y sueldos reducidos, no son como los anteriores a la crisis, sino casi la mitad. Harían falta cinco nuevos empleos para pagar cada nueva jubilación. De ese modo, harían falta varios millones de nuevos empleos, algo que parece muy difícil y lejano.
Para abordar el problema habría que tener también una visión de conjunto y adoptar una nueva reforma fiscal justa y suficiente; negociar nuevos plazos y condiciones para cumplir el pacto de estabilidad en la UE; completar nuestro sistema de protección social, a través de una reforma de la protección por desempleo y un sistema de rentas mínimas garantizadas; favorecer la recuperación de los salarios, incrementar el SMI, recuperar y reforzar la negociación colectiva; y, por último, mejorar la capacidad de intervención de las administraciones públicas para favorecer y crear empleo de calidad.
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