Como en la novela negra,
el lema “sigue al dinero” podría explicar una razón esencial que, acaso,
moviera el soberanismo catalán. Siendo Cataluña, como es actualmente,
fiscalmente solidaria con el resto del país más pobre, se pierde dinero. Podría ser, pues, ésta la singularidad
que se pretende eliminar con la consecución de la independencia.
Es, en
este sentido, interesante reseñar que son las cuatro comunidades más prósperas
–Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares- las que ayudan, desde el punto de vista fiscal, al resto de autonomías,
particularmente a las más pobres. Cabe destacar, asimismo, que Madrid, bajo esa
óptica, resultaría ser el doble de
solidaria que Cataluña: -16.723 millones de euros versus -8.455 (fuente: Ministerio de Economía y Hacienda,
metodología carga/beneficio, año 2011). Les siguen Valencia (-2.018) y Baleares (-1.483). Las más beneficiadas, por
el contrario, resultan ser Andalucía (+7.421),
Canarias (+4.054) y Castilla y León (+3.929).
Así cobrarían sentido las palabras de Germá Bel, cabeza de lista por Tarragona, y parlamentario del
Partido Socialista de Cataluña (PSC)
entre 2000 y 2004, cuando dice que “el nuevo Estado llegaría a tener hasta 11.594 millones de superávit” o cuando
adelanta la situación crediticia en la que quedaría Catalunya, que pasaría,
según él, de un ráting de BB a uno mejor (A+): “La cualificación de la deuda
viene de la capacidad de regular y, actualmente, Catalunya sólo puede regular
sobre un 5% de sus ingresos”.
El 30 de septiembre de 1996 la Corte Suprema de Canadá (que es el tribunal supremo del país y hace
el papel de tribunal constitucional) emitió una sentencia que establecía las
condiciones en las cuales el Gobierno de ese país, de estructura federal, podría negociar la posible secesión de una de
sus provincias tras un referéndum. El país norteamericano es referencia de Junts
pel si, si bien Québec –la región aspirante a la segregación- ha
perdido dos referéndums (1980 y 1995). No obstante, la derrota de ese último
año fue por un margen mínimo, ya que
rozó el 50% de los sufragios (obtuvo el 49,6%).
Entre otras cosas se establecía que la pregunta a realizar
fuera suficientemente clara, tras un
largo debate en el que participaran todas las partes implicadas, así como
que habría de obtenerse, necesariamente, una “mayoría reforzada”. También fijaba que Quebec no tendría el derecho a separarse unilateralmente por la legislación
canadiense o internacional, así como que la secesión de una provincia de Canadá
requeriría obligatoriamente una enmienda
a la Constitución. Los nacionalistas de Québec respondieron con una ley
propia (28 de febrero de 2001) que establecía su derecho a independizarse a
través de un referéndum que se ganase con un 50% más uno de los votos
válidamente emitidos.
El Ministro para Asuntos Intergubernamentales del gobierno
canadiense, Stephan Dion, consideró que esa ley había convertido a Canadá en el
primer gran Estado democrático que admitía
su divisibilidad en un texto legislativo, precisando que su Gobierno “sólo
aceptaría entablar una negociación sobre la secesión en caso de que la
población de una provincia manifestara claramente su voluntad de separarse de
Canadá, que tendría que expresarse mediante una mayoría clara que responda a una pregunta que aborde claramente la
cuestión de la secesión, y sólo después
de que el proceso negociador hubiera concluido con justicia para todos en
el marco de la primacía del Derecho”.
La opinión general de constitucionalistas, no obstante, es
que sería necesaria una mayoría amplia
(superior a la simple) para validar una secesión, ya que se trataría de un acto
especialmente grave y, posiblemente, irreversible. Y también se contempla que
la participación sea suficiente. En
el último referéndum escocés votó el 84,5% del censo electoral, en Montenegro
el 86,9%, en Quebec (1995) el 93% y en Timor Oriental el 97,1%.
El Parti québécois,
junto con el Bloc québécois, ambos de
corte socialdemócrata, fueron los impulsores de los dos referéndums
mencionados, y mantienen vigente sus aspiraciones independentistas.
Alrededor de 160.000
millones de euros anuales son subvencionados por las principales economías del
mundo para la producción y consumo de petróleo, gas y carbón. Conocida esta
exorbitante cifra, no resulta extraño comprobar las dificultades que tienen las
fuentes de energías limpias para progresar.
