“Subir la edad de jubilación por encima de los 67 años”. Esta es la última recomendación del Banco de España, argumentando que "podría
estar justificado" en pro de la sostenibilidad de las pensiones.” Esto
podía leerse en el diario “El País”
del pasado 17 de febrero, si bien no especificaba cuando habría de
implantarse tal consejo.
Tomando los últimos datos publicados por la OCDE puede
comprobarse que, actualmente, solo hay 7 países (de un total de 36) con la edad de jubilación superior a los 65 años: Polonia, Irlanda,
Portugal, Estados Unidos, Israel, Islandia y Noruega (en estos tres últimos
países es de 70 años). Las tasas más pequeñas se dan en Eslovenia (58,7), Bélgica
(60), Letonia y Luxemburgo (60). Son datos al cierre de 2015.
No obstante, hay que señalar que la edad de retiro real suele
ser inferior, debido, por ejemplo, a jubilaciones anticipadas y
prejubilaciones. En nuestro país, según los datos del Gobierno, estaría ya en 64,1 años.
En 2014, España destinó un 10,5% de su Producto
Interior Bruto a sufragar las pensiones (según Eurostat), más que en
2008, cuando suponía un 9,3% de la riqueza nacional. La media de la OCDE, sin embargo, es del 7,9%.
Comparado con el resto de países europeos, somos de los que más gastamos en
pensiones en relación al PIB. De media, los españoles perciben casi un 89,5% de su salario cuando se retiran de la vida laboral, en el
séptimo lugar del ranking (incluso, hay dos países por encima del 100%:
Luxemburgo y Francia).
En Alemania la cifra es parecida, casi el 87%, como
Suecia (86%), y algo menos Reino Unido (82%). Con las medidas ya en marcha del Pacto de Toledo, la previsión es que en España esta tasa baje hasta casi el 70% en los próximos años, pero es
obvio que los salarios en estos últimos países son sensiblemente más elevados:
según la OCDE los ingresos medios de un trabajador en España
ascienden a 26.162 euros, frente a los 33.036 de la media de la OCDE
(casi un 21% inferior).
Llama la atención el caso de Estados Unidos. La pobreza de los jubilados, comparada con el conjunto de los países
de la OCDE, es alta. En 2015, el 21,5% de los norteamericanos de más de 65 años viven en la pobreza, comparado con el
12,6% de la OCDE. En Norteamérica, los trabajadores con un salario medio que se
jubilan después de una carrera completa solo obtienen una pensión de
jubilación del 54%. Sin embargo, las pensiones privadas juegan un papel importante en la
provisión de ingresos para la vejez en los Estados Unidos. Si las añadimos a
las pensiones públicas, éstas aumentarían al 82%.
Volviendo a nuestro país, e independientemente de todo
ello, el grupo socialista en el Parlamento de Andalucía ha propuesto que los
prejubilados que acrediten una cotización efectiva de 40 o más años
cotizados sean excluidos
de los coeficientes que reducen su pensión (que pueden alcanzar hasta el 30%),
proponiendo que la Junta de Andalucía demande al Gobierno central las modificaciones necesarias
para ello en la Ley General de la Seguridad Social, una iniciativa que trata de enmendar unas mermas excesivas en
la pensión de trabajadores que llevan toda la vida cotizando pero que, por
ejemplo, han perdido su trabajo (sin poder encontrar otro por su avanzada edad)
en el último tramo de su carrera laboral.
Lo cierto es que la población española está envejeciendo y
además, según las proyecciones del INE, se reducirá en los próximos 50
años, pasando de 46,5 millones de individuos a 41 millones. Y con el retorno de la inflación las
pensiones públicas subirán por fuerza menos que el IPC, por lo que los
jubilados irán perdiendo progresivamente poder adquisitivo,
aunque los que peor los tienen son los jóvenes.
Próximamente –hacia junio- se reunirá el Pacto de Toledo, pero el Gobierno no quiere un pacto que “solo
incluya de dónde sacar más recursos para el sistema de pensiones, sino uno que
acuerde los espacios de solidaridad y contributividad para los próximos tiempos”. Con
estas palabras el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha pedido a los grupos parlamentarios que negocian
la reforma de pensiones en el Pacto de Toledo que evalúen si “los tipos de
cotización son los necesarios para pagar las pensiones que se quieren pagar”.
Traducido al lenguaje común es que si se desean pensiones como las que se están
generando en la actualidad habrá que subir las cotizaciones.
Para el presente año, Burgos, ha defendido la fórmula mixta escogida
por el Gobierno para costear el déficit del sistema de pensiones: uso de una parte del fondo de
reserva, más un crédito de 10.200 millones. Para 2018 ya se
verá.
