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12 de diciembre de 2014

LA OTRA CARA DEL BANCO DE ALIMENTOS


Resultado de imagen de banco de alimentos españaMuchos han sido y serán los reportajes en radio, prensa y televisión loando la labor del Banco de Alimentos. Muchos voluntarios trabajan de buena fe (y gratis la mayoría, aunque alguien parece que sí cobra, pues hay un epígrafe de gastos de personal en las cuentas de 2013 que asciende a 474.205 euros) en esta ONG que socorre a los más necesitados. Pero esta es sólo una cara de la moneda. Hay otra menos amable.
El Banco de Alimentos está controlado por La Fundación Lealtad, una ONG creada en 2001 y gobernada, actualmente, por patronos institucionales como Banco Santander, Deutsche Bank, Fundación Villar Mir (del grupo del mismo nombre que opera en inmobiliarias como OHL, autopistas, y otros negocios), Fundación PWC (la firma líder mundial de auditoría) o Fundación Mutua Madrileña.

Figura como presidente Salvador García-Atance Lafuente, Doctor en Ciencias Económicas, Técnico Comercial y Economista del Estado, que fue Socio Fundador y Presidente de AB Asesores, empresa especializada en banca de inversión.

Otros patronos individuales son Laura Abasolo García de Baquedano Directora de Control y Planificación de Telefónica S.A. y miembro de su Comité Ejecutivo, Helena Revoredo Delvecchio, Presidenta de Prosegur y de la Fundación Prosegur y consejera de Banco Popular y de Mediaset, o Pedro Guerrero Guerrero, abogado del Estado y notario en excedencia.

En el capítulo de “financiadores” aparecen las empresas privadas que figuran en el grupo: además de las mencionadas antes, Inditex, Accenture, Banco Sabadell, Alcampo, Bankia, Bankinter, BBVA, Cepsa, El Corte Inglés, Ferrovial, Dia, Carrefour, Gas Natural, Repsol, entre otras.

Dos son los fines, confesados o no, de las fundaciones pertenecientes a estas grandes compañías: obtener desgravaciones fiscales y mejorar su reputación.

Resulta paradójico que algunos de los actores principales que provocaron el mayor fiasco económico de la Democracia (bancos y constructoras), y que abundan en el grupo Lealtad, pretendan ayudar con migajas a muchos ciudadanos, a los que hicieron pagar bien caros sus errores, sin tener la más mínima culpa.

Por otra parte, llama la atención el currículo de los dirigentes de la Fundación Lealtad: economistas especializados en finanzas, en banca de inversión, abogados, hasta un notario. Resulta chocante que no haya nadie relacionado ni remotamente con la gestión de ONG, expertos en el campo de la pobreza y la exclusión, psicólogos... más bien parece el consejo de administración de un banco o una multinacional.

Buena parte de los presidentes de los bancos de alimentos de España están vinculados al Opus Dei, según la organización Redes Cristianas. No es descabellado pensar que tales bancos constituyan una buena plataforma para difundir los principios de la Obra.

En un solo año el Banco de Alimentos mueve varios cientos de millones de euros en alimentos comprados por ciudadanos verdaderamente solidarios, sobre todo en hipermercados y grandes superficies, que de esta forma no necesitan costear la destrucción de sus excedentes.


10 de diciembre de 2014

DILEMAS ÉTICOS DE LA NEUROCIENCIA

Los avances en la neurociencia están cambiando nuestra comprensión del cerebro. Así podrían abrirse las puertas al tratamiento potencial de trastornos previamente intratables, pero también plantean cuestiones éticas difíciles, como, por ejemplo si es admisible alterar los recuerdos o leer un mente. 

En términos más generales, estos avances en la investigación están planteando cuestiones que podrían invadir en los conceptos tradicionales de libre albedrío y responsabilidad personal, de acuerdo con los oradores en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Neuroética, celebrado del 11 al 14 del pasado mes de noviembre en Washington.

El psicólogo Alan I. Leshner, ex director del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, que moderó una sesión sobre el futuro de la investigación en neurociencias y sus implicaciones éticas, dijo que los científicos deben anticiparse a las preguntas del público sobre lo que significa su investigación para los conceptos de "yo" y "el alma". "Cuando usted dice que la mente es el producto de una serie de eventos físicos y químicos la gente suele incomodarse”.

THOMAS INSEL
Thomas Inseldirector del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), señaló que, con alguna frecuencia, la neuroimagen y otras técnicas están siendo dudosamente utilizadas. Concretamente, los tribunales han visto un aumento en el número de acusados que argumentan que sus cerebros defectuosos eran los que tenían la culpa de sus crímenes, y, en algunos casos, esa circunstancia ha ayudado a reducir sus penas.

GEORGE KOOB
George Koobdirector del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA), resaltó que no tiene ninguna respuesta fácil frente al argumento "mi cerebro me hizo hacerlo", pues existe alguna evidencia, de que las neuronas, en ciertos centros de comando del cerebro, están tomando decisiones incluso antes de que una persona se vuelva consciente de hacer una elección. La investigación sugiere que "momentos antes de darse cuenta de lo que va a hacer a continuación, su cerebro ya ha determinado lo que se va a hacer".

Una parte del cerebro que controla la autorregulación es la región medial ventral de la corteza prefrontal (situada en la parte frontal del cerebro, justo detrás de la frente). Los investigadores están descubriendo que dicha región está dañada o comprometida en alcohólicos y otros individuos que abusan de sustancias, así como en las personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Asimismo, se ha observado que no se desarrolla plenamente en el cerebro de los adolescentes, lo que puede conducir y explicar sus comportamientos de riesgo impulsivo y la toma de decisiones inadecuadas.

Cuando se trata de trastornos cerebrales en general, dijo Insel, es crucial identificar pronto los síntomas de las personas en riesgo. Sin embargo, hay una renuencia pública en relación con los esfuerzos para encontrar marcadores tempranos de los trastornos potenciales. Así, cuando los investigadores utilizan métodos de prueba y de imagen cognitivas para tratar de encontrar signos de alerta de trastornos cerebrales (como por ejemplo, el autismo o la esquizofrenia en niños y adolescentes) las personas involucradas se muestran muy inquietas. Los investigadores y los profesionales médicos deben sopesar los riesgos de etiquetar a un niño antes de tiempo en relación con los beneficios potenciales de una intervención preventiva.

Insel, mientras tanto, instó a tener una actitud humilde, y señaló que los científicos todavía conocen "mucho menos sobre el cerebro que del corazón, el riñón, el hígado o el pulmón".

4 de diciembre de 2014

LA VERDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN ESPAÑA.¿POCOS O MUCHOS?



Hay quienes piensan que, en nuestro país, sobran bastantes funcionarios, pero también hay otros opinando lo contrario, argumentando que cada vez se nota más su falta en ciertos servicios públicos. Pero, ¿cuál es nuestra situación si nos comparamos con el resto de países?

En el año 2001 el número total de funcionarios en España, según el Registro Central de Personal del ministerio de Administraciones Públicas era de 2.243.344 personas, lo que representaba el 5,49% del total de la población; ocho años después, en 2009 (mes de julio), la cifra había ascendido a 2.659.010, lo que suponía el 5,69%.

El incremento, de veinte décimas en casi una década, no parece, pues, demasiado significativo, teniendo presente que la población total del Estado había experimentado en ese periodo un aumento en casi seis millones de personas (pasó de 40.847.371 a 46.745.807, según el Instituto Nacional de Estadística), coincidiendo con el periodo de mayor afluencia de emigrantes a nuestro país nunca registrado, sin olvidar que los procesos de transferencias a las autonomías supusieron, en ocasiones, la ampliación de las prestaciones estatales, con el consiguiente incremento de personal público.

Pero, por otra parte, tenemos que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) son distintos: al finalizar el segundo trimestre de 2.009 se contabilizan 3.055.700 “asalariados en el Sector Público”, es decir, se evidencia una diferencia de casi 400.000 personas. Así, el porcentaje subiría al 6,54%, algo más si tomamos la última cifra publicada, al cierre del primer trimestre del 2011: 3.185.900 efectivos (6,77%).

Diferente sería comparar el volumen de empleados públicos con el del sector privado. Según la EPA los ocupados ascendían a 18,945 millones, por lo que resultaría que ciframos grosso modo un 16% de los primeros frente a un 84% de los segundos, o lo que es lo mismo, un funcionario por cada 5,2 empleados del sector privado. El ratio de empleados públicos por habitante se verá condicionado, en general, por la capacidad económica de un país, pero también por la política del gobierno de turno, más o menos proclive al gasto público, su modelo fiscal, el nivel de profesionalización del funcionariado, los medios de que dispongan u otros factores específicos, como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población.

Numero, funciones
El tamaño del sector público, y por consiguiente, el del número de funcionarios, no se puede asociar, solamente, con un mayor progreso económico, sino que responde, también, a un modelo de preferencia social, resultado de las elecciones de los ciudadanos en las urnas y, de un modo general, en nuestro caso, por la propia Constitución, que determina el “Estado Social de Derecho”, que incluye la asistencia sanitaria, la educación, el trabajo, la vivienda, la prestación por el desempleo y otros subsidios familiares, el acceso recursos culturales, la asistencia del inválido y del anciano, la defensa del ambiente natural y otros derechos sociales.

Respecto a los funcionarios, se establece que “la Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

Para ser rigurosos, hablar solo de número de funcionarios no es dato suficiente, y habría también que contemplar otros parámetros, como su nivel de competencia o formación. Históricamente, nuestro país ha tenido un funcionariado escasamente preparado, especialmente en lo relativo a nuevas tecnologías, un factor esencial de cara a la modernización de la Administración Pública y a la adecuación de sus efectivos.

La imagen del funcionario público en España ha venido siendo vinculada históricamente a la de un señor o señora de cara avinagrada, fanático de la burocracia, poco trabajador, escasamente motivado y, en muchos casos, prescindible. Lo cierto es que, a día de hoy, dicha imagen no se correspondería con la realidad, aunque queden aún no pocos individuos que respondan a ese perfil. No obstante, el Estatuto del Empleado Público de 2007 establece la obligación de que las administraciones “sometan a evaluación el desempeño laboral de sus empleados, de modo que aquellos que alcancen los mínimos exigidos puedan ser removidos de su puesto”. Y en no pocas ocasiones, son los propios empleados públicos los que saben muy bien de aquellos otros que no trabajan como debieran, y son los primeros en decirlo, ya que a ellos les recae la tarea que los otros no efectúan.

Empleados públicos son hoy, en nuestro país, personas a las que urgimos cotidianamente: médicos, enfermeras, auxilares, guardias civiles, policías, personal del Samur, jardineros, jueces... Personas que se ocupan de tareas esenciales: barrenderos, limpiadoras, conserjes. Personas que educan: profesores. Personas que ayudan en las catástrofes: bomberos, 112, ejército. Lo cierto es que, del total, más de la mitad trabajan en los sectores que acabamos de mencionar, habiéndose reducido, en porcentaje, los que se dedican a tareas administrativas. Por otra parte, las comunidades autónomas tiene ya la mayoría de los funcionarios (50,6%), frente a la administración del Estado (21,9), los ayuntamientos (23,6).

Porcentaje razonable
Aunque desde algunos sectores siempre se considere que el número de funcionarios españoles es muy alto, una valoración que se entiende si son de tendencia liberal, lo cierto es que –véase cuadro 1 y 2- el porcentaje de los mismos, en función del total de habitantes, es razonable. Estaríamos en un 6,54%, según la EPA del 2009, por detrás de paises nórdicos (Dinamarca sería el top europeo, con un 16,23%), Suecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Bélgica o Francia, estando ahora en niveles similares a Alemania, Israel o Estados Unidos.


EstadoNº Total FuncionariosAñoFuente

población total porcentaje








Cuba4.112.3002008International Labour Organization (OIT)

11.204.00036,70
Dinamarca844.0002008Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

5.200.00016,23
Federación Rusa21.467.0002008United Nations Economic Comission for Europe

142.776.00015,04
Suecia1.267.4002007International Labour Organization (OIT)

9.159.00013,84
Finlandia666.0002008United Nations Economic Comission for Europe

5.304.00012,56
Eslovenia236.4002008United Nations Economic Comission for Europe

2.015.00011,73
Francia6.718.0002006United Nations Economic Comission for Europe

62.036.00010,83
Senegal1.190.0002005International Labour Organization (OIT)

11.281.00010,55
Irlanda373.0002008United Nations Economic Comission for Europe

3.550.00010,51
Canadá3.424.2002008United Nations Economic Comission for Europe

33.213.00010,31
Belgica1.050.0002008United Nations Economic Comission for Europe

10.100.00010,40
Ucrania4.506.3002008United Nations Economic Comission for Europe

46.959.0009,60
Reino Unido5.600.0002005NPA National Personnel Authority de Japón.

60.261.0009,29
República Checa1.003.9002008United Nations Economic Comission for Europe

10.300.0009,75
Eslovaquia506.8002008United Nations Economic Comission for Europe

5.460.0009,28
Grecia1.022.0002008United Nations Economic Comission for Europe

11.137.0009,18
Luxemburgo37.5002008United Nations Economic Comission for Europe

469.0008,00
Rumania1.723.4002008United Nations Economic Comission for Europe

22.330.0007,72
China90.580.0001999International Labour Organization (OIT)

1.256.729.0007,21
Alemania5.697.0002007United Nations Economic Comission for Europe

81.642.0006,98
Israel479.3002008United Nations Economic Comission for Europe

7.051.0006,80
Estados Unidos20.388.0002006United Nations Economic Comission for Europe

302.741.0006,73
España3.055.7002009Encuesta de Población Activa

46.745.8076,54
Vietnam4.073.3002008International Labour Organization (OIT)

87.096.0004,68
Italia2.496.3002008United Nations Economic Comission for Europe

58.103.0004,30
Turquía2.952.0002008United Nations Economic Comission for Europe

73.914.0003,99
Japon4.377.0002006NPA National Personnel Authority de Japón.

125.439.0003,49
Chile469.3001995Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

14.394.9403,26
Kenia712.0001995Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

27.225.8902,62
Marruecos818.7002008Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

31.607.0002,59
Pakistan2.452.0001995Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

122.375.0002,00
Zambia (1)172.0001995Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

9.559.4201,80
Uganda (2)236.3101995Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

20.892.2701,13
Burkina Faso76.8002007Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

16.240.0000,47
Chad34.4002000Division for Public Administration and Development Management (DPADM) United Nations

10.543.0000,33
Cuadro 1






(1) No incluye policía






(2) No incluye empresas públicas.







EstadoNº Total funcionarios
Poblacion Activa%funcionarios s/poblacion activa





Dinamarca844.000
2.926.00028,84
Federación Rusa21.467.000
75.756.00028,34
Suecia1.267.400
4.898.00025,88
Finlandia666.000
2.726.00024,43
Francia6.718.000
27.983.00024,01
Eslovenia236.400
1.042.00022,69
Bélgica1.050.000
4.779.00021,97
Grecia1.022.000
4.937.00020,70
Ucrania4.506.300
22.397.00020,12
República Checa1.003.900
5.232.00019,19
Eslovaquia506.800
2.691.00018,83
Canada3.424.000
18.245.00018,77
Reino Unido5.600.000
31.118.00018,00
Luxemburgo37.500
218.00017,20
Irlanda373.000
2.236.00016,68
Israel479.300
2.957.00016,21
Alemania5.697.000
41.875.00013,60
España3.055.700
22.848.00013,37
Estados Unidos20.388.000
154.287.00013,21
Turquía2.952.000
23.796.00012,41
China90.580.000
792.430.00011,43
Italia2.496.300
25.097.0009,95
Japón4.377.000
66.500.0006,58





Cifras año 2008Fuente: OIT y United Nations Economic Comission for Europe


cuadro 2

Por debajo de nosotros, estarían Italia, Turquía, Japón o Chile. El valor absoluto más alto de nuestra estadística lo ostenta Cuba, con un 36,70%, dato lógico habida cuenta que su economía es casi totalmente estatal, y en la que 4 de los 4,9 millones de población activa son empleados públicos, si bien las últimas noticias de esa isla refieren una cierta tendencia a su reducción. Por su parte, la Federación Rusa presenta un notable 15,04%, residuo aún, tal vez, de su pasado comunista.

La tasa española parece, pues, en principio, asumible, al menos en 2009. De esta opinión es el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Mariano Bacigalupo, cuando señala que “el número de empleados públicos en España no es excesivo, en comparación con los países del entorno europeo”. Sin embargo, la profundidad de la actual crisis económica presiona con fuerza para reducir el gasto público, y por consiguiente, el volumen de empleados públicos, algo explicable por el sensible descenso de los ingresos públicos.

Como era de esperar, países poco desarrollados tienen asociado un sector público muy pequeño y pocos funcionarios. Kenia, Marruecos y Pakistan rondan el 2-2,5%, Zambia y Uganda están entre el 1% y el 2%, y Burkina Faso y Chad apenas llegan al 0,5%.

Condiciones de trabajo
Como se ha indicado antes, el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 es la norma jurídica más reciente que regula a los trabajadores de las distintas administraciones del Estado. En él se distinguen los funcionarios propiamente dichos, “los de carrera”, del denominado personal laboral y estatutario. Decir funcionario debería, pues, solo aplicarse a los de carrera, pues gracias a su "nombramiento legal", están vinculados a una Administración por una relación “regulada por el derecho administrativo", disfrutando de una plaza en propiedad fija y vitalicia, en lugar del laboral, sujeto a un convenio colectivo similar al del sector privado. El personal denominado estatutario es el proveniente de la Administración de la Seguridad Social, cuyo régimen jurídico viene establecido por diversos estatutos de ese ámbito.

Los funcionarios tienen, por regla general 22 días hábiles de vacaciones a los que hay que sumar algunos más según antigüedad, y una jornada de 35 horas semanales (ahora aumentada en 2,5 horas). Como en la empresa privada, también hay temporalidad: existen funcionarios, laborales y estatutarios con contrato temporal, comúnmente denominados interinos. Y se trata de un fenómeno relativamente reciente: actualmente, el 31,6% de los trabajadores de las administraciones tienen un contrato temporal, mientras que hace diez años, los empleados de la Administración con contrato eventual no llegaban al 16%.

Sólo el 21% de empleados públicos españoles trabajan para la Administración Central, el resto lo hace para las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. Como era de esperar, hay una proporcionalidad entre el número de funcionarios y censos de las Comunidades autónomas, si bien en porcentaje Melilla y Ceuta encabezan el ranking (Cuadro 3) con 13,42% y 12,97% de empleados públicos en relación con la población. A continuación se sitúa Extremadura (8,56%) y luego ya con menos del 7%, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Canarias y Murcia. La que menos por habitante tiene es la Comunidad Foral de Navarra (3,14%).


AÑO 2 0 0 9
Comunidad Autónomanºfuncionarios(*)población%
Melilla9.58671.44313,42
Ceuta10.03877.38912,97
Extremadura93.9931.097.7448,56
Aragón92.3881.328.9166,95
Castilla y León174.7842.557.3306,83
C. Madrid427.6506.271.6386,82
Castilla-La Mancha133.6792.043.1006,54
Andalucía499.4748.202.2206,09
Canarias126.0452.075.9686,07
Murcia85.6671.420.1096,03
Cantabria33.945582.1385,83
Asturias61.0861.080.1385,66
Galicia153.5802.784.1695,52
Baleares55.7231.071.8445,20
La Rioja16.477317.5015,19
Pais Vasco109.6622.157.1125,08
C.Valenciana228.4535.029.6014,54
Cataluña302.6077.364.0714,11
C.F. Navarra33.9021.080.0383,14
Extranjero10.2711.471.6910,70
TOTAL2.659.01048.084.1606,56
(*) Número Total de Funcionarios, incluyendo los de la administración central, comunidad autónoma,


Universidades y Administración Local.


Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas


cuadro 3


En cuanto a los salarios, la diversidad es apreciable en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y sus empresas y organismos dependientes. Una misma categoría laboral puede cobrar un salario sensiblemente distinto según pertenezca a una Comunidad u otra, un ayuntamiento u otro, una empresa pública u otra, o todos entre sí. Veremos algunos ejemplos y nos referiremos siempre, para quedarnos en lo esencial, al sueldo sin complementos (tales como antigúedad, pluses o epígrafes que, en algunos casos, son extremadamente prolijos) yendo del sueldo bajo al más alto, ya aplicada la rebaja del 5% del año 2010 y la congelación en 2011.

En la Administración General del Estado el sueldo actual del grupo 5 (el más bajo) es de 13.697 euros brutos al año y el más alto el 1, con 26.733. En la Comunidad de Madrid, el personal laboral tiene diez niveles salariales; el más bajo es el 1, con 15.218 euros, y el más elevado el 10, con 34.146 euros. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) son 5 niveles: desde 14.418 hasta 28.140 euros. En un ayuntamiento como el de Olivenza (Badajoz) oscilan entre 14.479 y 24.570 euros brutos. En el ayuntamiento de Gijón van desde 13.569 a 52.251; los funcionarios en la Comunidad Valenciana desde 13.410 a 35.420. En R.T.V.E., desde 15.694 hasta 54.530; en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, desde 22.040 hasta 36.222. En el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) desde 14.472 hasta 55.908.

Dentro del sector del personal estatutario (el máximo nivel suele ser un Director Gerente de complejo hospitalario, el mínimo una limpiadora) tenemos el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, entre 15.275 y 57.429 euros brutos al año, el Servicio Aragonés de Salud (desde 16.084 a 51.296) o Servicio de Salud de las Islas Baleares (de 14.313 a 50.750).

Con todo, el salario del funcionario español no es, en relación con los salarios homólogos del sector privado, de los más bajos de las naciones de nuestro entorno, pues tiene un ratio de 1,2 (o lo que es lo mismo, el 83%, ya que un ratio 1 significa salarios similares al sector privado). Dinamarca y Reino Unido tienen ratio 1; Finlandia y Estados Unidos 1,3; Bégica 1,4; Francia 1,5; Alemania 1,6; Portugal 1,9; Grecia 2,0; Holanda 2,1 e Italia 2,2. (son datos extraidos del informe “The behaviour of public wages and employment in the euro area: cyclicality and interaction with private wages”, de Ana Lamo, Javier Perez y Ludger Schuknecht . Mayo, 2006).

Gasto Público
Muchos ciudadanos se preguntarán, ahora más que nunca ¿Puede España sostener un gasto público como el que tiene? En las actuales circustancias puede parecer que no, pero hay voces discrepantes. Como El Consejo Científico de ATTAC, que en un documento señalaba que nuestro pais tiene un PIB per cápita que es el 94% del promedio de la UE, pero tiene un gasto público social que es sólo un 74% del promedio de la UE-15.

Para acercarse a ésta, proponen una serie de medidas, como la persecución del fraude fiscal y la economía sumergida (que según diversos estudios estaría entre el 17 y el 25% del PIB), señalando sobre esta última que “una disminución de esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB”. También abogan por una convergencia de las retribuciones laborales entre las diferentes Administraciones hasta alcanzar un rango máximo de diferenciación del 5%, así como la limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno.

Para Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, en línea con lo anterior, “la mayor causa del subdesarrollo del sector público es la falta de ingresos al Estado, consecuencia de la limitada carga fiscal, una de las más bajas de la Unión Europea, lo que lleva a algunos a decir que el sector público en España está sobredimensionado”. Pero, afirma, “según las declaraciones de la renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados, y ningún otro estado de la UE se encuentra en esta situación.” 

Esta posición contrasta con la que manifestaba el pasado año José Luis Feito, presidente del Comité de Política Económica de la C.E.O.E., cuando decía que “el déficit no puede seguir creciendo a este ritmo. Sólo se pueden hacer dos cosas: reducir el gasto o reducir el gasto. La subida de impuestos no va a subir los ingresos sino reducirlos y, por tanto, aumentaría más la deuda y cada vez quedará menos dinero para los usos sociales que se demandan”.

Con todo, la evolución del gasto público en la última década presenta una disminución en los países occidentales; en el cuadro 4 comprobamos una ola de descenso generalizado desde 1995, en cuya vanguardia figurarían paises nórdicos como Finlandia y Suecia, además de Holanda, República Checa o Alemania, con descensos cercanos o superiores al 10%, quedándose España en un moderado -5,9%. 

En el cuadro 5  se puede ver como el porcentaje del gasto público sobre el PIB en España ha sido, al menos desde 1992, siempre inferior a la media de los paises del Euro y, salvo algún periodo, similar a los estados pertenecientes a la OCDE. En la línea correspondiente a España se percibe claramente un incremento del gasto público en 1993, correspondiente a la crisis de esa época, y también a partir de 2009, correspondiente a la de ahora.


EVOLUCIÓN GASTO PÚBLICO PAISES O.C.D.E. 1995-2008
P A I S
%
FINLANDIA
-12,7
HOLANDA
-10,8
SUECIA
-10,8
REPÚBLICA CHECA
-10,6
NORUEGA (*)
-9,5
ALEMANIA
-9,3
CANADA
-9,3
DINAMARCA
-8,0
IRLANDA
-7,5
AUSTRIA
-7,0
ESPAÑA
-5,9
BELGICA
-3,7
GRECIA
-3,1
ITALIA
-2,6
FRANCIA
-1,7
LUXEMBURGO
-1,0
REINO UNIDO (*)
-0,3
ESTADOS UNIDOS
-0,3
PORTUGAL
2,9
COREA DEL SUR
9,4
Sin datos: Australia, Hungría,Islandia, Japón, Méjico, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovaquia, Suiza y Turquía.

(*) Hasta 2005

Fuente: OCDE Economic Outlook

cuadro 4

Lo cierto es que situarse en esos niveles revela el perfil de un país cuyo gasto público es razonablemente alto en épocas de crisis, y ligeramente bajo en el resto de periodos (ver cuadro 5) Hay que darse cuenta de que en 1962 el porcentaje era tan solo del 17,5%, en 1967 del 21,8% y apenas del 25% en 1971. 


Evolución de porcentaje del gasto publico español sobre PIB
AñoPorcentaje

196217,5

196721,8

197324,0

197930,0

198438,9

198740,8

199043,4

199245,4

199349,0

199545,5

199742,5

200040,0

200138,6

200238,9

200338,7

200438,9

200538,4

200638,4

200739,2

200841,1

200946,3

201047,2

año 2010: estimación O.C.D.E.


cuadro 5

El gran estirón se produjo entre 1977 y 1985, hasta alcanzar el entorno del 40%, debido a que “en primer lugar, las demandas sociales, largamente contenidas durante el régimen político anterior, presionaron el desarrollo acelerado del Estado del bienestar dando lugar a un aumento del gasto en prestaciones sociales, y en segundo lugar, el papel jugado por el Estado para amortiguar los costes inherentes a las sucesivas crisis económicas de los años 70 y principios de los 80 tuvo como consecuencia un incremento de las subvenciones a empresas y de las prestaciones de desempleo.” (El gasto público en España en un contexto descentralizado” Carmen Luisa Gil Ruiz y Jaime Iglesias Quintana / Ministerio de Economía y Hacienda, abril de 2007).

En el cuadro 6  se puede ver como el porcentaje del gasto público sobre el PIB en España ha sido, al menos desde 1992, siempre inferior a la media de los paises del Euro y, salvo algun periodo, similar a los países pertenecientes a la OCDE. En la línea correspondiente a España se percibe claramente un incremento del gasto público en 1993, correspondiente a la crisis de esa época, y también a partir de 2009, correspondiente a la de ahora.

año /
1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 (*)2011(*)
pais-área
España
45,449,046,744,443,241,641,139,939,138,638,938,438,938,438,439,241,146,347,246,6
Área del Euro
50,652,351,053,250,749,448,648,246,347,347,648,047,647,446,646,046,950,751,050,4
TOTAL O.C.D.E
42,342,841,942,741,640,440,639,738,739,840,340,840,240,539,939,941,444,844,844,4
(*) previsión




















Cuadro6