Sea cual fuere el próximo Gobierno –y presuponemos,
esperemos que con no desmedido optimismo, que a comienzos del próximo año lo
haya efectivamente-parece casi ineludible que tenga que acometer un paquete de
recortes en el gasto que acerque el Déficit
Público a lo comprometido con Bruselas. Pero, además, podrán existir otras razones de índole puramente
económica que lo amplifiquen.
1. La exportación ha sido y es un componente importante de nuestra
economía; y aunque hasta ahora presenta un comportamiento sin duda vigoroso, la
reducción prevista del ritmo de la
economía mundial podría afectarla de modo significativo.
2. El próximo año no cabe esperar un
incremento –y será difícil el mero mantenimiento- del consumo interno, si las previsiones del PIB se cumplen (se estiman
en alrededor del 2,3- 2,5%).
3. El crudo barato podría no durar eternamente (de hecho ya está
repuntando ligeramente). Incrementos, aún moderados, repercutirían de forma
notable en una economía energéticamente tan dependiente como la nuestra.
4. Si persiste la contención salarial se verá afectado el
consumo interno (punto segundo). Parece probable una congelación del sueldo de los funcionarios.
5. Respecto a las facilidades de
financiación del Banco Central Europeo,
el mecanismo de compras de deuda pública (llamado "expansión cuantitativa") y el nuevo impulso al Plan
Juncker, que aspira a movilizar inversiones hasta superar los 600.000 millones
en 2022, aun siendo palancas de indudable interés para movilizar los resortes
económicos, tendrían poca influencia en una política de reducción del gasto
público.
