PENSIONES EN PELIGRO: LAS REFORMAS NO PUEDEN ESPERAR

El Fondo de Reserva de la Seguridad social  se ha ido nutriendo de los excedentes de cotizaciones en los años de bonanza económica y los rendimientos obtenidos por el propio Fondo, hasta alcanzar una cifra de casi 70.000 millones de euros en 2011.

Pero ahora el panorama ha cambiado, y solo quedan 25.716 millones. El Gobierno del PP ha dispuesto de casi 45.000 millones y apenas ha dado explicaciones. Así las cosas, el Fondo se vaciará totalmente a finales de 2.017. 

Por otra parte, en enero de 2016 se ha cumplido el plazo de 5 años desde la última revisión del Pacto de Toledo, sin que el Gobierno, hoy en funciones, haya remitido al Congreso el Informe sobre evaluación del cumplimiento de las últimas recomendaciones. 

A la vista del gráfico está claro que la situación es insostenible. Este escenario aboca al Gobierno entrante, que posiblemente será el PP, a afrontar -de una vez- el problema de la financiación del sistema de pensiones. Los partidos políticos son conscientes de esta situación y han realizado varias propuestas. 

El Gobierno de PP lanzó en los presupuestos de este año la idea de financiar con impuestos las pensiones de las viudas y los huérfanos. El PSOE propuso en la campaña electoral crear un impuesto solidario que financie a la Seguridad Social, una medida que Unidos Podemos apoyaría.

Pero los populares dicen  que la solución es crear empleo. Pero los nuevos empleos, entre bonificaciones y sueldos reducidos, no son como los anteriores a la crisis, sino casi la mitad. Harían falta cinco nuevos empleos para pagar cada nueva jubilación. De ese modo, harían falta varios millones de nuevos empleos, algo que parece muy difícil y lejano.

Para abordar el problema habría que tener también una visión de conjunto y adoptar una nueva reforma fiscal justa y suficiente; negociar nuevos plazos y condiciones para cumplir el pacto de estabilidad en la UE; completar nuestro sistema de protección social, a través de una reforma de la protección por desempleo y un sistema de rentas mínimas garantizadas; favorecer la recuperación de los salarios, incrementar el SMI, recuperar y reforzar la negociación colectiva; y, por último, mejorar la capacidad de intervención de las administraciones públicas para favorecer y crear empleo de calidad.

LA OCULTACIÓN DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE UN FÁRMACO PARA LA OSTEOPOROSIS NO ES DELITO PARA UNA JUEZA

Del blog del periodista Miguel Jara (www.migueljara.com) reproducimos un amplio extracto de un artículo de indudable interés, y del que el lector sacará sus propias conclusiones. Jara es escritor y periodista free lance independiente, especializado en la investigación de temas relacionados con la salud y la ecología. 

 “El Bufete Almodóvar & Jara puso hace unos meses una querella a Sanidad y al laboratorio Merck, Sharp and Dohme (MSD) por los graves daños que sufre una mujer,  F.G.N., tras consumir de manera prolongada el medicamento para la osteoporosis Fosamax, del citado laboratorio. Para la jueza, ocultar hueinformación de manera intencionada a sabiendas de que puede ocasionar daño no está previsto en el código penal y por lo tanto no es delito… Vamos a apelar, claro.

Vaya por delante nuestra confianza en la Justicia, así con mayúsculas, si no para qué íbamos a intentar defender en los tribunales los derechos de las personas víctimas de laboratorios inescrupulosos. Pero es que algunos razonamientos siembran más dudas que otra cosa.

Lo último que debería ocurrir cuando una persona toma un medicamento para prevenir la rotura de sus huesos es que el tratamiento se los rompa ¿verdad? Bueno, pues una de las terribles reacciones adversas del fármaco Fosamax es esa precisamente. F.G.N. tenía osteoporosis y para intentar que no fuera a más y se rompieran sus huesos tomó Fosamax. Y la estafaron, pues lo tomó durante diez años, lo que le provocó que se le rompieran los dos huesos fémur.

La clave del caso está en que Merck Sharp & Dohme de España no ha cumplido con sus deberes de farmacovigilancia y seguridad de su producto Fosamax, omitiendo información de manera intencionada, pues conocía con mucha antelación todos los datos negativos sobre consumo prolongado de su producto.

La Administración sanitaria, por su parte, tampoco ha cumplido con su labor de seguimiento post comercialización del citado medicamento y de protección de la salud pública e individual, al permitir que el laboratorio comercializador continuara ocultando información de seguridad del tratamiento.

Pero la jueza E.G.M., del Juzgado de Instrucción 46 de Madrid, tiene una visión diferente: “El hecho de no incluir un efecto secundario en el prospecto de un medicamento no es subsumible en  ningún tipo vigente de nuestro ordenamiento jurídico-penal”, explica. ... “No es cuestión a valorar por esta juzgadora (…) siendo una cuestión administrativa completamente diferenciada a la existencia de un delito contra la salud pública, un delito de lesiones, un delito de estafa o un delito de publicidad fraudulenta”.

Dichos posibles delitos son los que nosotros mantenemos en nuestra querella que son los que han podido cometerse. Y con esas razones la jueza desestima las pretensiones de F.G.N. de exigir responsabilidades penales a la administración y el laboratorio que le han provocado secuelas de por vida pues no ha podido recuperar las movilidad en las piernas.

F.G.N. sufre fuertes y continuos dolores que le imposibilitan la realización de una vida normal, hasta el punto de serle reconocida por la Seguridad Social la incapacidad permanente en grado total para trabajar. Todo ello la ha sumido en una profunda depresión que aún hoy la aqueja, pese a ello trata de evitar que otras personas sufran este mismo resultado injusto e indeseable.

La red de farmacovigilancia mundial y la literatura científica han advertido con claridad de los riesgos del medicamento en su consumo prolongado. De hecho, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, ya había obligado al laboratorio MSD a modificar y actualizar la información de Fosamax para advertir de la relación de causalidad entre consumo prolongado y daño en el hueso fémur.

En el año 2009, la FDA obligó a MSD a cambiar la información del producto y avisar del riesgo de “osteonecrosis de la mandíbula”, una reacción adversa ya advertida durante muchos años por investigadores y médicos. Merck no lo reconoció hasta que la FDA le obligó a ello. Y lo hizo porque numerosos estudios anteriores a 2010 advertían del riesgo de fractura atípica subtroncantéricas y diafisarias del fémur asociadas al tratamiento con bisfosfonatos, principalmente en tratamiento prolongado para la osteoporosis.

Es importante también contextualizar los hechos, pues casos como el de F.G.N. no son aislados sino más bien propios de algo muy parecido al crimen organizado. Existen numerosas demandas puestas en USA sobre Fosamax por fractura de fémur. Un informe corporativo de la compañía farmacéutica Merck explica que su medicamento Fosamax acumulaba, a fecha de septiembre de 2013, 5.535 demandas en los tribunales de Estados Unidos”.