Además de la codicia,
la indigencia moral o la más acusada egolatría, la corrupción política –presente en todos
los partidos con alguna responsabilidad de gobierno, y en mayor o menor medida-
evidencia una incapacidad de pensar la más mínima reforma del statu
quo. Cuando se constata que la sociedad, el sistema, es básicamente
injusto, que las más de las veces favorece al poderoso y se ensaña con el
débil, se acepta la situación tal cual es, sin pensar en la posibilidad de cambio alguno, y
así se actúa en consecuencia. Sin remilgos.
Ya que el sistema es como es, el individuo se
justificará obrando en su beneficio, al
dictado de la ley de la selva. Al
diablo con eso tan cursi, tan antiguo, llamado bien común. ¿La solidaridad? Eso
queda para Cáritas. ¿La empatía? Cosa de psicólogos blandengues. ¿Se dirá esto en público? Jamás. El discurso político ya está escrito, solo hay que aprendérselo
de memoria y recitarlo sin rubor.
El dinero público, para el político corrupto, se
convierte, así, en prioritario objeto de
deseo. Mucho le facilita la tarea una legislación permisiva y la carencia de
controles eficientes. Buen ejemplo de ello lo observamos en el reciente caso de NovaCaixaGalicia. Que todo fue legal, y
que el Banco de España lo conocía todo y no puso reparo alguno, declaró ante el
juez Julio Fernández Gayoso,
ex presidente de esa entidad financiera.
En el futuro se verá, pues, si la Justicia da por buenos o no los 18,9 millones de euros que cinco ex directivos
de dicha Caja cobraron como prejubilación mientras era intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB). Si les exonera, la hipótesis de estas líneas se verá refrendada.
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