En principio, resulta difícil de creer que la gran burbuja inmobiliaria
que hemos sufrido haya sido, en realidad, una operación diseñada por el selecto
grupo de mandatarios que dirige la economía patria, para lograr, vía crisis
económica, la modificación sustancial del mercado de trabajo, abaratando costes
de despido y contratación, precarizando la mano de obra y transvasando empleos
fijos a eventuales. Así el coste del factor trabajo disminuiría en el conjunto
de los costes totales, elevando el beneficio. Y además, de rebote, bancos,
inmobiliarias o políticos, entre otros, pudieron forrarse.
Difícil de creer, pero posible. En condiciones económicas
normales no hubiera sido posible imponer un plan de estabilización tan potente
como el que se ha ejecutado. Pero sí sería factible cuando las clases
trabajadores estuviesen tan temerosas de perder su empleo, ver reducidos sus salarios (véase Reforma Laboral) o verse en el paro,
que admitiesen rebajas sustanciales en sus retribuciones y derechos.
Conviene al grupo arriba aludido pues, que la actual
situación se prolongue el mayor tiempo posible. Y así parece que va a suceder,
a tenor de las previsiones económicas para el próximo lustro: el supuesto
crecimiento del PIB sólo irá reduciendo el empleo de forma muy lenta, un empleo
nuevo de bajos salarios. También condenará el desempleo perpetuo a los parados
de más de 50 años.
Con todo, el sistema financiero internacional empieza a
encontrarse incómodo con burbujas como las soportadas. En un documento del Foro
Económico Mundial se reclaman medidas para “mejorar la estabilidad financiera”
y se apuesta por reforzar la regulación. Particularmente, se aboga por limitar
las ratios de endeudamiento en épocas de bonanza, ya que la morosidad menoscaba
grandemente sus cuentas de resultados.
De seguir en la senda descrita en el primer párrafo, la
economía española generará más y más desigualdad. Pero la propia OCDE ha
advertido que ésta tiene un efecto negativo en el crecimiento y en la
productividad. Y podría añadirse: menor consumo interno y menor PIB.
El incremento del empleo precario observado en los últimos
años en los países desarrollados ha movido a la OIT a pedir más protección
social para este tipo de empleo. Oficialmente –la realidad, contando con el
empleo sumergido sería mayor- el empleo temporal en España es del 19,1% del
total, frente al 5,2% de Reino Unido, el 8% de Dinamarca, el 9,9% de Italia o
el 11,9% de Alemania.
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