LA ALCALDESA GUAPETONA, SUS MARIACHIS ILUSTRADOS Y EL BOMBON

Sonia Castedo, todavía alcaldesa de Alicante está imputada en dos casos: por prevaricación y tráfico de influencia en el llamado “Plan Rabasa” (un barrio de la ciudad levantina) y por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación urbana, cuando era edil de urbanismo. Es archiconocida su estrecha vinculación con el constructor y dueño de gran cantidad de suelo, Enrique Ortiz, del que, presuntamente, recibió regalos que facilitaron la adjudicación de obras y servicios. También es notoria su actitud chulesca frente a los diputados de la oposición, así como por las conversaciones grabadas por la policía entre ella y Ortiz (Él a ella la llama “guapetona”, y ella a él, “bombón”).

Sonia Castedo Ramos nació el 23 de Diciembre de 1970 en Ribadeo (Lugo), si bien desde niña reside en Alicante, donde estudió en el IES Francisco Figueras Pacheco. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante, en la especialidad de urbanismo. Casada con Arturo Soto, tiene dos hijas.

Afiliada a las Nuevas Generaciones del Partido Popular en 1993, comenzó su actividad profesional en el año 1995 en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alicante, asumiendo las labores de Jefa de Prensa en el año 1997.

Fue elegida Concejal del Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular en el año 1999. Entre 1999 y 2003 fue concejal de Turismo, Playas y Partidas Rurales, y entre 2003 y 2008 fue Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Urbanismo y Presidenta delegada del Patronato Municipal de la Vivienda. En 2008, el alcalde Luis Díaz Alperi presentó su dimisión, proponiendo a Sonia Castedo como su sucesora en el cargo.

El 17 de septiembre de 2008 tras su elección como alcaldesa se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Alicante. Es miembro de la ejecutiva regional del Partido Popular, y desde 2008, miembro de la dirección nacional del mismo.

Está casada con Arturo Soto Turi. Cuando éste quedó desempleado (en 2012) su atenta esposa trató de colocarle en la Diputación, sin éxito. No obstante, enseguida encontró trabajo en Tizor hormigones y asfaltos s.l., a la sazón empresa de Ortiz.

Según explicaron a ABC fuentes próximas a la ejecutiva popular, desde Madrid se apuesta por que el futuro candidato –o candidata– a la Alcaldía de la capital alicantina no haya compartido tareas de gestión con la actual alcaldesa.

Hablando precisamente de su equipo, cabe destacar el “sólido” bagaje académico de varios de sus ediles, según la información que proporciona la página web del ayuntamiento de Alicante: el también imputado Andrés Llorens Fuster, “que completó sus estudios de bachillerato en el Colegio Juan XXIII de Alicante” y cuyo principal mérito es participar activamente en las Fogueres de Sant Joan, “fiesta en la que llegará a ser presidente de su Comissió Gestora”.

Otro edil bachiller es Miguel Valor Peidro, que también acredita “varios cursos de ventas y marketing”. La edil Sonia Alegría Polo cursó “estudios en la escuela de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia Alicante, rama de gestión de empresas, así como francés e inglés en la Escuela Oficial de Idiomas”. Por su parte, Oti García-Pertusa-Giménez “estudió en el colegio Jesús-María de Alicante y cursó estudios de secretariado en las Javerianas”. También esta Tomy (sic) Duarte García Luis, bachillera por el Instituto Isabel La Católica en Madrid, y que también estudió “secretariado en el Instituto San Isidro de Madrid y francés en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid”. Finalizamos con Antonio Ardid Muñoz que “comenzó como comercial en el ámbito de la distribución”, sin que se citen estudios reglados finalizados.

La ciudad alicantina manejará este año un presupuesto de más de 243 millones de euros. Se ha dotado de un código ético, en el que sed puede leer: “Los electos locales actuaremos en el desempeño de nuestras funciones, de acuerdo con la Constitución, los respectivos Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico y ajustaremos nuestra actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código”. Los representantes electos nos abstendremos de ejercer nuestras funciones o utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, propios o de terceras personas, prohibiendo el favoritismo y el ejercicio de autoridad en beneficio propio.

Los jueces tendrán la última palabra.