Fue Otto Von Bismarck quien primero implantó en Prusia las pensiones públicas (1889), y desde entonces muchos países han puesto en funcionamiento, en mayor o menor medida, mecanismos estatales de transferencias que proporcionan rentas periódicas y vitalicias a los individuos durante su vejez. En España el primer sistema público de pensiones de jubilación (“Retiro Obrero Obligatorio”) data de 1919, y como ha sucedido en los demás países, desde entonces ese desembolso ha crecido continuamente, hasta suponer la mayor parte del gasto en protección social.
Mucho es de temer que el próximo recorte provocado por la crisis económica pudiera afectar, en alguna medida, y pese a su previsible coste electoral, a las pensiones. Ciertamente, se trata de un asunto polémico, pues tiene puntos de vista diferentes. Para muchos trabajadores, dedicar a las faenas laborales 35 años (o más) ya son muchos, y jubilarse a los 67 (o más) también; para los diversos gobiernos, el problema es presupuestario, pues nuestro sistema se basa en que los trabajadores en activo de hoy, con sus impuestos, paguen a los pensionistas existentes, y ya es evidente que no son suficientes al comprobar el continuo incremento del número de jubilados. Lo que resulta evidente es que no se puede cambiar, por así decirlo, las "reglas del juego" a aquellos que llevan muchos años cotizados en el sistema actual.
Yendo a los datos, sabemos que en julio de este año se contabilizaron 17.031.738 afiliados que cotizaron y se pagaron 8.918.804 pensiones. Estas cifras implicarían que nuestro país ya contaría con menos de dos cotizantes reales (1,9) para pagar cada pensión, habida cuenta de que cerca de un millón de beneficiarios cobran más de una pensión (sin contarlos, la tasa se elevaría al 2,2), y todo ello teniendo en cuenta la aportación de los cotizantes extranjeros, que son 1.665.000. Se estima que el modelo actual estaría saneado financieramente cuando la relación es de 2,5 cotizantes por cada pensionista, considerándose óptima una tasa de 3. La mejor ratio se obtuvo en 2007 (2,7).
Actualmente, la pensión más baja es de 468,50 euros (viudedad menor de 60años) y la máxima de 2.522,89. Todas subieron un 1%, cosa que en el caso de ésta última no parece demasiado lógico ni justo. Incluso la diferencia entre una y otra parece excesiva.
La pensión contributiva alcanzó en agosto 1.143,82 euros, la media (que incluya todas las clases: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en 948,81 euros mensuales y la de los trabajadores autónomos 645,92 euros.
La edad de jubilación real en nuestro país es ahora de 63 años y 10 meses, y el objetivo final, a conseguir progresivamente hasta el año 2027, es de 67, pero la presión de la Unión Europea haría acortar ese plazo. También se sospecha un nuevo cálculo –a la baja- de la cuantía a percibir. Asimismo, para acceder a una pensión contributiva se pasará de los actuales 15 años mínimos a 25 años mínimos de cotización se aplicará de forma progresiva
Austria, junto con España y Luxemburgo, son los países donde la relación entre la pensión y el sueldo es más alto, pero también es cierto que los sueldos de esos dos países centroeuropeos son sensiblemente más altos.
Lo que resulta llamativo es que todos los gobiernos han basado la sostenibilidad del sistema de pensiones apelando a la disminución del gasto, escamoteando otra posibilidad no menos potente, la de los ingresos. Sin ánimo de ser exhaustivo, contribuiría notoriamente al equilibrio financiero el afloramiento, en la medida de lo posible, de la economía sumergida, así como la verdadera tributación -actualmente mínima por la aplicación de la “ingeniería fiscal”- de las grandes, medianas y hasta pequeñas fortunas.
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