 |
| Antonio Roldán Mones |
El artículo “¿Es Podemos
una alternativa para la izquierda?”, firmado por Antonio
Roldán Mones (El
Pais, 25-8-14) se
muestra contrario las propuestas del nuevo grupo político, pues no
le parecen de izquierdas. Desde nuestro modesto punto de vista, vamos
a responder. (Roldan es economista, así como analista para Europa en
Eurasia Group,
la consultora americana de riesgo político. Anteriormente trabajó
en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión
Europea y en el Parlamento Europeo. Escribe en El Huffington Post y
El País.
Roldan dice: “Los datos nos
dicen que Podemos apunta a consolidarse como la tercera fuerza
política en España. Con un reto como este puede existir la
tentación en los demás partidos de izquierda de querer incorporar
algunas de sus propuestas en su programa. ¿Deberían hacerlo? En lo
que sigue se analizan algunas de las principales propuestas
económicas de Podemos y se contraponen a las que debería llevar a
cabo un gobernante de izquierdas responsable. Ya les adelanto que,
puesto que ignoran los incentivos y las restricciones existentes en
la economía, las propuestas de Podemos lograrían exactamente el
efecto contrario al deseado: perjudicarían a los pobres, a los
parados y a las pequeñas y medianas empresas.
1. Prohibir los despidos en
las empresas con beneficios. Imagínese que usted tiene un negocio y
anticipa una caída de ingresos en el futuro que le obligará a
ajustar sus costes. Si no puede ajustarlos ahora (por ejemplo,
sustituyendo trabajadores desmotivados por otros más productivos),
cuando lleguen las vacas flacas se encontrará que ya es demasiado
tarde para reaccionar y se verá obligado a cerrar el negocio. En
cambio, el jefe de la competencia, que es menos honesto que usted,
para no reflejar beneficios probablemente inflará costes y se subirá
el sueldo. Con lo que como resultado de la bienintencionada política
de Podemos la economía terminará con una empresa menos, más paro,
más desigualdad y más fraude.
Prohibir
despidos injustificados legalmente a medianas y grandes empresas con
suficientes beneficios no es ninguna tontería. Las cotizadas del
selectivo Ibex 35 ganarán en conjunto 35.900 millones de euros en
2014, habiendo cerrado el ejercicio de 2013 con unas ganancias de
17.700 millones de euros. Son magnitudes muy altas, pero para estas
empresas nunca es suficiente, y quieren más. Una vía sencilla es
despedir empleados y repartir entre los demás trabajadores el
cometido que el despedido tenía. La vía difícil pero correcta es
invertir más en I+D y en abrir nuevos mercados a la exportación.
Eso si crearía empleo.
2. Dejar de pagar la deuda
pública. A algunos les parecerá evidente, pero para poder seguir
pagando los sueldos de los funcionarios y mantener abiertos los
hospitales, los poderes públicos necesitan financiación. Esa
financiación se la ofrecen los que compran la deuda del Estado;
ciudadanos y empresas que se agrupan en eso que llamamos “mercados”.
Si los mercados creen que existen riesgos para recuperar su dinero,
pedirán un interés más alto por prestarlo. Si creen que lo van a
perder, simplemente no lo prestarán. Si mañana el Tesoro español
dejara de pagar la deuda a sus acreedores, España quedaría aislada
de la financiación internacional durante años, lo que haría que
los problemas que tenemos ahora parecieran insignificantes.
La
burbuja inmobiliario-bancaria-institucional produjo millones de
desempleados y cientos de millonarios, situando a nuestra economía
al borde del rescate. La política gubernamental del PP ha sido y es
simple: que los ciudadanos rellenen el agujero financiero a base de
recortes y subida de tasas e impuestos, y congelación o disminución
de salarios.
Pero esa
opción no crea empleo, pues solo mejora levemente la tasa de paro en
el verano o las rebajas de enero, y con contratos de corta duración
o a tiempo parcial. Ahora nuestro país –que no es Alemania, ni se
le parece- necesita estímulo económico más que rebajar la deuda
al nivel que quiere la señora Merkel.
3. Derogar la reforma de
pensiones. En países muy endeudados como España, con alto desempleo
y pobres perspectivas de crecimiento, los márgenes del Estado para
ofrecer mayores derechos sociales son muy limitados. Engañar a la
gente con promesas incumplibles no solucionará ese problema. En
España era necesario reformar las pensiones por una razón muy
sencilla: el sistema era insostenible. Para 2050 el número de
pensionistas aumentará de los 9 millones actuales a 15 millones,
mientras que la población activa permanecerá probablemente a un
nivel similar. La única forma de garantizar que los que nos
retiremos dentro de 30 o 40 años sigamos recibiendo unas
prestaciones dignas es adaptando el sistema a la aplastante evidencia
demográfica y económica.
¿Qué hubiera hecho un
gobernante de izquierdas responsable? Para sentar las bases de un
Estado del bienestar eficaz y sostenible hubiera complementado la
reforma de pensiones con una reforma fiscal de calado para mejorar la
recaudación pública, que está muy por debajo de la de la media
europea, distribuyendo la carga fiscal de una forma más eficiente y
justa, combatiendo el fraude, ampliando las bases imponibles y
aumentando la imposición sobre el consumo. Es decir, lo contrario
que ha hecho el PP.
Naturalmente
que la salud de nuestro sistema de pensiones requiere una reforma
fiscal de calado. Más aún: una reforma redistributiva radical, y
también una intensa lucha contra el fraude (en España la economía
sumergida dobla la media europea y supone un 24,6% del PIB del país.
en concreto, en 2012 se elevó hasta los 253.135 millones de euros, y
parte de la culpa la tiene la escasez de medios de la agencia
tributaria, que cuenta con tan solo un trabajador por cada 1.958
habitantes, frente a los 740 de Alemania o los 942 de Francia.
A su
vez, un portavoz de Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
manifestaba hace poco que «El 72% del fraude fiscal de este país lo
hacen las grandes empresas y las grandes fortunas». un hecho que «el
Estado pierda 90.000 millones de euros al año. Nuestra solución
pasa por la tributación de las grandes fortunas y grandes empresas
que mediante ingeniería financiera eluden pagar buena parte de sus
impuestos.
Por otra
parte, resulta curioso que no se hayan congelado o disminuido las
pensiones máximas, cuya cuantía se sitúa, actualmente, en 2.554,49
euros.
4. Derogar las reformas
laborales e imponer la jornada de 35 horas. El mercado laboral
español generaba más parados que ningún otro país en el mundo
occidental y además era un sistema enormemente injusto que protegía
a algunos privilegiados con contrato fijo y dejaba a todos los demás
(la mayoría jóvenes) en una situación de altísima fragilidad.
¿Se solucionaría ese
problema trabajando menos horas como propone Podemos? Evidentemente,
no. Un gobernante de izquierdas responsable sabría que reducir la
jornada laboral de un ingeniero de software o de un profesor
universitario no serviría para crear empleos porque la inmensa
mayoría de los nuevos parados no tienen formación universitaria y
ofrecen unas cualidades que (ya) no son las que necesitan las
empresas. ¿Significa eso que la reforma que ha hecho el PP es la
buena? Tampoco. Se tendría que haber hecho mucho más para mejorar
las políticas activas de empleo, además de una reforma integral de
nuestro sistema educativo, apostando por el capital humano como el
eje central para el futuro de nuestra economía. Volver atrás como
propone Podemos solo hubiera perpetuado el paro y las injusticias.
Hay que
reconocer, aunque sea duro hacerlo, que el problema del paro en
España es casi endémico, puesto que las cifras, relativamente
bajas, del “Boom” inmobiliario eran ficticias, ya que todos esos
empleos vinculados a ese sector eran humo que el viento se llevó,
pues las miles y miles de viviendas terminadas o a medio construir
acabaron no vendiéndose. Los peones, albañiles, gruistas,
arquitectos, vendedores, etc., estaban empleados artificialmente,
pues producían ladrillo que no se iba a tener comprador.
Sin el
tirón inmobiliario se han perdido tres millones y medio de puestos
de trabajo. El cambio de modelo económico, basado en la innovación
de los productos y la exportación requiere tiempo, pero los parados
sin ningún tipo de ayuda no pueden esperar años. El reparto del
tiempo de trabajo sería una medida coyuntural hasta volver a un
porcentaje de parados de menos de dos cifras.
5. Tomar el control político
del BCE. Lo primero que harían unos políticos interesados en ganar
elecciones si pudieran imprimir dinero sería imprimirlo en cuanto
los problemas aparecieran. ¿Para qué confrontarse a monopolios
injustos o perder votos reformando ineficiencias del Estado si se
puede crear dinero gratis? Pronto la inflación se dispararía y con
ella se dilapidarían los ahorros de los trabajadores.
¿Significa eso que el Banco
Central Europeo funciona a la perfección? Desde luego que no. Pero
un gobernante de izquierdas responsable sabría que la solución es
despolitizarlo más y no menos y, si es necesario, cambiarle el
mandato para incluir el pleno empleo, como en EE UU.
Si de pronto España decidiera
ir en dirección opuesta a la de todos sus socios europeos y avanzara
por el camino que propone Podemos, en poco tiempo nos quedaríamos
sin financiación para mantener los servicios públicos básicos. La
economía poco a poco se haría más improductiva, cerrarían
empresas y el paro se volvería a disparar. Pronto, la inflación se
comería los ahorros de los trabajadores y aumentarían todavía más
las desigualdades.
La deuda
pública en Estados Unidos en 2013, que ha sido de 13.220.239
millones de euros, ha crecido 286.578 millones desde 2012. Esta cifra
supone que la deuda en 2013 alcanzó el 104,52% del PIB en Estados
Unidos, una subida de 2,16 puntos respecto a 2012, en el que la deuda
fue el 102,36% del PIB.
La deuda
pública en Italia ha crecido en el primer trimestre de 2014 en
50.927 millones de euros y se sitúa en 2.120.143 millones. Esta
cifra supone que la deuda alcanzó el 135,60% del PIB en Italia,
mientras que en el trimestre anterior, cuarto trimestre de 2013, fue
del 132,60%. En Japón se sitúa en 235,7% , en Irlanda 123,7% y en
Bélgica 101,5%. En España, recordamos, es del 93,9% (960.666
millones).
Y sin
embargo, estos países no tienen problema para financiarse.
