El envejecimiento de la población española es un hecho constatado. Un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) señala que la media de edad en 2011 en España se situó en 41,4 años, 8,2 años más que en 1975, cuando comenzaron a recoger información homogénea sobre la esperanza de vida de la población por sexo, edad, y comunidad autónoma o provincia de residencia.
Las provincias del norte de la península presentan los mayores valores de edad media de la población con Orense (48,4 años), Lugo (48,2 años) y Zamora (48,1 años) a la cabeza. Los menores valores son los de Melilla (35,6 años), Ceuta (36,9 años) y Almería (37,9 años). El potencial de vida per cápita responde a esta cuestión combinando datos de esperanza de vida con la estructura demográfica de la sociedad. Y el resultado para 2011 es de 42,7 años de media.
Desde que este alcanzara su valor más alto a principios de los ochenta, el fuerte envejecimiento de la población ha provocado un descenso del mismo que marcó su mínimo en 1999 (41,8 años per cápita). Desde ese año se ha registrado un suave cambio de tendencia que se ha frenado en la actualidad debido, en parte, al retorno de inmigrantes al país de origen.
Lo cierto es que cada vez hay menos cotizantes para financiar las pensiones y más número de pensionistas y de prestaciones que pagar. Independientemente del color político del que lo diga, esta situación es problemática. De hecho es la situación más preocupante a la que se puede enfrentar cualquier sistema de Seguridad Social de reparto, como es el español, en el que los ciudadanos en activo costean las prestaciones de los trabajadores que se jubilan y el resto de pensiones contributivas (incapacidad, viudedad y orfandad). La ratio cotizantes/pensionista idónea, según los expertos, estaría entre 2,5 y 3, siendo difícilmente sostenible si baja de 2.
Según los datos publicados por el ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número total de prestaciones contributivas, a 1 de enero de 2013, ascendía a 9.008.348, la cifra más alta nunca registrada en España, y el número de cotizantes era de 16,3 millones, lo que supone una ratio de 1,81. Si se contasen, además, los parados con prestación (por los que el Estado cotiza), esa cifra ascendería a 2,2.
Es de destacar que, de no existir la caja única, la financiación de las pensiones en algunas comunidades como Asturias o Galicia, con tasas de dependencia cercanas al 1, sería ya inviable. Peor aún es el caso de la provincia de Orense, que estaría en una situación de quiebra técnica, porque abona más pensiones que los cotizantes que tiene (con una tasa de dependencia del 0,93).
Según el Instituto Nacional de Estadística, si se mantuvieran en un futuro las actuales tendencias demográficas, la propia estructura de la población de España nos llevaría a un escenario de pérdida progresiva de habitantes en las próximas décadas. Así, en el año 2022 España contaría con 45,1 millones de habitantes, un 2,5% menos que en 2012. Y en 2052, se cifraría en 41,6 millones, un 10,0% menos que en la actualidad.
Si en el futuro se mantuvieran más o menos constantes los parámetros actuales, en 2022 la tasa de dependencia se elevaría hasta el 58%. Es decir, por cada 10 personas en edad de trabajar, en 2022 habría en España casi seis potencialmente inactivas (menor de 16 años o mayor de 64). En 40 años, dicha tasa de dependencia se elevaría casi al 100%, lo que quiere decir que por cada persona en edad de trabajar prácticamente habría otra que no estaría en edad de hacerlo.
Estos datos ponen de relieve que la actual tasa de paro es inaceptable no sólo, y en primer lugar, por el drama personal y familiar de todos y cada uno de los que queriendo trabajar no encuentran trabajo, sino también porque la Caja Común
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