Analisis clinicos bajo sospecha

Según informa ElPlural.com en su edición de hoy (18.02.13)  “La privatización de los análisis clínicos en la Comunidad de Madrid ha puesto en riesgo la vida de los pacientes”, según denuncian los propios médicos y se desprende de partes de incidencias.

Según el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio, la Comunidad de Madrid “tendría que haber sancionado a las empresas implicadas, pero no lo hizo. (…) Desde que en 2009 el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes dejó en manos privadas los análisis clínicos de los seis nuevos hospitales se han sucedido graves incidencias, como retrasos en los resultados, pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado los especialistas, análisis que tuvieron que repetirse porque después de meses de espera las pruebas ya no eran útiles…  Las denuncias han sido realizadas por los propios médicos, que han enviado a los máximos responsables cartas, mails, y partes de incidencias en las que advierten de la gravedad de los problemas, de los retrasos injustificados con consecuencias muy graves.”

“Los problemas arrancan desde que, en 2009, empezó su andadura el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, un laboratorio público, pero gestionado por una U.T.E. (Unión Temporal de Empresas), formada por el Laboratorio Balagué y BR Salud. Antes de que el Laboratorio Balagué vendiera su parte a Unilabs, enviaba a Barcelona todas las pruebas que no se pueden realizar en el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía. Aquí entraban análisis genéticos muy delicados para descartar enfermedades muy graves.” Ello causaba retrasos en los resultados, incluso en pruebas rutinarias de bioquímica.

Se supone que la Comunidad de Madrid tendría que haber sancionado a las dos empresas adjudicatarias del servicio, según el pliego de condiciones del contrato, pero lo cierto es que el Gobierno madrileño no ha tomado cartas, por lo menos hasta el momento, en el asunto alegando desconocimiento, y negando la mayor: en un comunicado afirma que  “el funcionamiento del Laboratorio Central discurre con normalidad y que los tiempos de los análisis cumplen sus plazos.”

Por su parte, el portavoz socialista en materia de Sanidad en la Asamblea, José Manuel Freire, ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia urgente del consejero Javier Fernández-Lasquetty para que explique las "incidencias detectadas" en los análisis clínicos tras la privatización de este servicio, según informa la agencia EFE. "Los médicos no denuncian esto sin tener datos", ha asegurado Freire.

Asimismo, el presidente accidental de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante las palabras de Tomás Gómez en referencia a las presuntas irregularidades ya mencionadas, se ha mostrado muy bronco al calificarle de “indeseable” y “cobarde”.  El socialista le ha respondido criticando la adjudicación privada de la gestión de los hospitales públicos, porque "entre las empresas con imputados en la trama Gürtel y las que aparecen en los papeles de Luis Bárcenas, no hay ninguna adjudicación libre de sospecha, como tampoco lo está usted".

En cuanto al Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que desde su departamento no se ha detectado "ni anomalía, ni fallo grave, ni negligencia" en los análisis clínicos de los seis hospitales cuya gestión está externalizada”, reafirmando la defensa del Plan de privatización, que seguirá la hoja de ruta establecida, asegurando que su plan sanitario ha supuesto un ahorro "claro" y que se ejecutará al 100 %, pese a los "bulos" que sindicatos, organizaciones y partidos políticos han contado sobre el mismo. El consejero explica que con los primeros datos del mes de enero, que están analizando los gerentes de los centros, y por lo tanto no están cerrados, se está viendo un “ahorro muy claro en los hospitales” y advierte de que el plan “va a ser” y “tiene que ser” ejecutado al completo. Sin embargo, no ha enseñado esos datos.

Durante esta semana, el director general de Recursos Humanos de la Consejería, Armando Resino, y los sindicatos, se reunirán para abordar, entre otros asuntos, los relativos a la movilidad o la prolongación del servicio activo a partir de los 65 años, que se pretende limitar a un tercio de los profesionales.

En resumen, González y Lasquetty se sienten fuertes pese a la clara oposición de los profesionales y la ciudadanía. Se enrocan en la postura privatizadora y, sin justificarlo, desechan la opción más lógica: perfeccionar un sistema que es reconocido como bueno o muy bueno a nivel internacional.