La nota de agencia decía: “Pese a evitar responder con claridad si el Gobierno estudia reducir la cuantía de la prestación por desempleo y su duración, Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que la semana pasada el Ministerio de Empleo presentó un anteproyecto de ley para luchar contra el fraude que supone cobrar el paro y trabajar "en B o en negro”. Este plan -dijo- se ha presentado después de que, tras 11.000 inspecciones, se haya detectado que 4.000 personas percibían la prestación mientras que trabajaban en la economía sumergida.
Extrapolemos. Si la economía sumergida fuera del 35% y, de la noche a la mañana, aflorase y pagase sus impuestos, y se eliminasen, consecuentemente, los indebidos perceptores desempleados correspondientes, disminuirían, y mucho, los problemas presupuestario. Como consecuencia, redundaría en otros aspectos no menos beneficiosos: estimularía la actividad económica general del resto de compañías honestas con el Fisco, nos daría un plus de imagen de seriedad de cara al exterior, abarataría la prima de riesgo, ...
Por otra parte se corregirá la injusticia que supone el hecho de que un individuo esté cobrando desempleo y además un dinero por trabajar, mientras que otro se atenga al importe que le otorga el SEPE. Pensemos, asimismo, que parte de los recursos que se obtuvieran podrían destinarse, precisamente, a los parados sin ninguna ayuda.
Pagamos –lo digo así porque somos los contribuyentes los que con nuestras aportaciones- un total de 30.421.751.960 euros para financiar las prestaciones contributivas. ¿Se imaginan los cuantiosos ingresos públicos posibles que el erario público podría recuperar por la cotización del 35% de esta cifra?
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