Sin cambiar a fondo el modelo, los ajustes en pensiones son difícilmente evitables, y con matices, es muy probable que los hubiera hecho cualquier partido que en el Gobierno estuviera. La nueva regulación que el Gobierno Socialista ha impulsado es un conjunto de retoques consensuados que, es posible, deban de nuevo reformarse a corto o medio plazo.
Sin embargo, parecería, en principio, de mayor equidad la elaboración de un algoritmo que conjugue los importes totales cotizados, los años efectivamente trabajados y un índice de penosidad del conjunto de la vida laboral. El periodo de cálculo, evidentemente, debería ser toda la vida laboral, exceptúando un periodo adverso de la vida laboral (por ejemplo, los 5 o 7 peores años).
Decíamos que tomar toda la vida laboral es más justo porque la situación actual, en la que computan los últimos quince años, ahora veinticinco, beneficiaba a aquellos cuya carrera laboral había sido ascendente, hasta el culmen de los 65 años, pero "sensu contrario", perjudicaba a aquellos otros que habían tenido la mala fortuna de perder su puesto de trabajo “ya mayores”, y que, por lo común, prolongaban lo que les quedaba de recorrido hasta la jubilación en empleos temporales, cuando los tenían, con bajos salarios. Además, hay que percibir que en esta situación se han situado y se van a situar muchos trabajadores a causa de la crisis ecónomica actual y las características de las nuevas relaciones laborales.
En cuanto a la edad legal de jubilación, con la fórmula que señalo, podría fijarse un mínimo de 35 años efectivos trabajados, en una una horquilla variable, que podría oscilar entre un mínimo de 58/60 años, y un máximo de 75/80, al estilo sueco, ya que el montante final de la pensión finalmente iba a depender de que se quieran trabajar más o menos años (y también en qué). Por supuesto, habría otros muchos matices que añadir (lagunas de cotización, empleos especialmente penosos, reconocimiento de cotización de becarios, topes de cotización, etc.).
No obstante, lo más importante es la otra cara de la moneda, la de los ingresos que van a financiar el pago de las jubilaciones. Para asentarlos, se puede optar canalizar algún ingreso nuevo que ayuden al sostenimiento del sistema, y estaría pensando, por ejemplo, dedicar parte de lo obtenido cada año con la sanción del fraude fiscal, lo que tiene su lógica si se piensa bien. De igual modo, optaría por incrementar con decisión la inspección para evitar la pérdida de ingresos por fraude.
Con todo, lo más probable es que plantear reformas en profundidad tope con la falta voluntad política para emprenderlas, bien por intereses económicos indirectos, bien por falta de ganas involucrarse en una "faena" que no le va a reportar réditos electorales.
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