A QUIENES ROBAN CUANDO ROBAN LOS QUE ROBAN

Simplificando, nuestra crisis (cuya responsabilidad básica hay que situar en el sector financiero) es un agujero económico mayúsculo. Dinero perdido. Dinero que hay que reponer. Pero ¿quién lo repone?

Lo lógico sería decir: los responsables. Eso sería lo lógico. Pero lógica y realidad a menudo no coinciden. Se da la circunstancia de que los responsables de las cúpulas financieras y políticas no están por la labor de pagar, ni económica ni judicialmente ni de ninguna otra forma. Han pensado que mejor paguen otros, concretamente el resto de la población. Nosotros. Lo hacen, lo están haciendo y lo harán, porque pueden. Porque tienen poder y medios para hacerlo. Y además se sienten legitimados por haber sido respaldados, en la mayoría de los casos, por el voto en las urnas. A quien Dios se la dé…

Un pequeño ejemplo que causa perplejidad, de todo esto es el del exmiembro del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) José Enrique Garrigós, que dijo que no estaba "preparado" ni tenía "tiempo" para revisar los balances sobre las cuentas de la entidad que les presentaba el equipo directivo. También manifestó que era un empresario “normal y corriente” y que no estaba cualificado ni tenía tiempo para revisar los balances. Entonces ¿por qué aceptó el cargo? Es desvergüenza decir lo que ha dicho, es de una caradura superlativa. Sabemos por qué aceptó el cargo –y los correspondientes emolumentos-: por hacer nada.

Otra perla. Dice el señor Losantos que sobra un millón de funcionarios –entiéndase empleados públicos en general-, pero no explica el ínclito propagandista de dónde saca tan redonda cifra. Hacer tal cosa sería suprimir casi un 30% del personal público, nada más y nada menos.

Considerando que en Sanidad y Educación se concentra la mayor parte de los empleados en nómina pública, un recorte de ese calibre supondría, inevitablemente, cerrar hospitales, centros de salud, colegios, institutos, parques de bomberos, comisarías de policía, y un largo etcétera. Con los recortes ya efectuados, las plantillas de los servicios esenciales están bastante ajustadas, y de sobrar funcionarios sobran altos cargos y asesores, y por qué no decirlo, cierto número de “espabilados” (que hay que decirlo,  en todas partes hay) cuya cifra, en comparación con el total, es bastante escasa.

¿Es que se solucionaría el problema financiero-inmobiliario por echar a la calle a un millón de funcionarios? Obviamente no. ¿Y es problema del paro? Todo lo contrario, tendríamos seis millones y medio de parados. ¿Por qué este constante odiar al empleado público del señor Federico cuando podría dirigir sus dardos, y no sus alabanzas, a la señora Aguirre, que es empleada pública casi desde que acabó sus estudios?