¿SERÁ TAN FÁCIL DESPEDIR EMPLEADOS PÚBLICOS?

El Centro de Estudios de Servicios a la Ciudadanía de la Fundación Primero de Mayo organizó recientemente una jornada de estudio sobre el despido objetivo y colectivo en las Administraciones Públicas. Entresacamos, a continuación, algunos de los aspectos abordados.

Francisco Gualda Alcalá, Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de la Confederación Sindical de CC.OO. y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha se refirió a la Reforma Laboral aprobada por el gobierno (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) como un texto que modifica aspectos esenciales del Estatuto de los Trabajadores, de tal modo que vulnera de tal modo el espíritu de aquél, que casi cabría hablar de uno nuevo. Sin embargo, aventura, que ante la falta de concreción y procedimiento que adolece la norma publicada, serán los jueces de lo Social los que deban valorar, en no pocos casos, la legalidad de las actuaciones de la Administración en este terreno.

Afirmó que resulta “incongruente que las correcciones de exceso de plantilla deban recaer en el personal laboral fijo exclusivamente, que no es el colectivo mayoritario”. Respecto a los despidos colectivos de empleados públicos, afirmó que “ni en el Estatuto de los Trabajadores ni en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, ni en el Reglamento de los ERE´s aparece ninguna referencia explícita al despido colectivo del personal de las Administraciones Públicas.” En este sentido, de llevarse a cabo tales medidas, la última palabra la tendría, de nuevo, la interpretación del juez.

También analizó el supuesto del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral. El Real Decreto Ley dice textualmente:

«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»

A este respecto, el profesor Gualda resaltó que el concepto de “pérdidas económicas” no es equivalente a “déficit presupuestario”. “Las pérdidas se producen cuando los ingresos no cubren los gastos, pero en las Administraciones Públicas los costes –el gasto público- no los impone el mercado, sino que es una decisión política. El déficit presupuestario no puede equipararse a la causa económica, porque se corresponde con una opción de política económica, donde el Estado fija los umbrales de déficit público, a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”

“Y Tampoco resultan extrapolables a la Administración el concepto de causas organizativas, técnicas o productivas, en cuanto tienen que afectar a la posición competitiva en el mercado y las AA.PP. no responden a este principio, sino a los de eficacia y eficiencia.”

Asimismo, añadió que puede darse el caso de incurrir en déficit presupuestario (como el que ya se ha dado en el ámbito sanitario con la implantación del modelo gerencial) que dispara el gasto de retribuciones de los puestos de dirección o la creación de entes institucionales, que evidencia un incremento de los costes de los servicios públicos cuando se externalizan. ¿Sería lógico, entonces, que ello diera paso a despidos de empleados públicos fijos?

En el turno de preguntas, se cuestionó la Autoridad Laboral competente para resolver E.R.E.s en las Administraciones Públicas, ya que se evidencia un conflicto de intereses, pues resulta que tendría resolver la misma Administración afectada, extremo que no es conforme a derecho.

Carlos Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia admitió la posibilidad de extinguir contratos por causa económica, pero con mayores requisitos de intensidad de la causa, de forma que se trataría de supuestos bastante restrictivos –no sería suficiente el mero déficit público y la extinción debería ser una exigencia imprescindible para la satisfacción del interés y los servicios públicos-, y ello, sobre la consideración de que al personal laboral le resulta aplicable el Estatuto Básico del Empleado Público, pero también la legislación laboral.

Mellado resaltó que La nueva Reforma Laboral podría contravenir el artículo 9.3 de la Constitución Española (“La Constitución garantiza el principio de legalidad (...) y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que impone el principio de legalidad de la actuación administrativa, la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos”) en lo que se refiere a poder extinguir los contratos del personal laboral fijo y no al resto. En todo caso –continúa-, los despidos serían la última solución, debiendo agotarse antes otras vías menos traumáticas (reducción salarios, movilidad de personal, suspensión de funciones…).

Asimismo, enfatizó que, en relación con la causa económica, ha de tenerse en cuenta que el presupuesto anual tiene que aprobarse equilibrado, y en caso de aumento de gastos o disminución de los ingresos respecto a las previsiones se tiene que proceder a su corrección durante el año siguiente, por lo que será, con carácter general, una medida coyuntural en cuanto se tendrán que elevar los ingresos o actuar mecanismos para reducir los gastos también durante el curso del año

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