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24 de octubre de 2014

ROLDÁN MONES FRENTE A PODEMOS

Antonio Roldán Mones
El artículo “¿Es Podemos una alternativa para la izquierda?”, firmado por Antonio Roldán Mones (El Pais, 25-8-14) se muestra contrario las propuestas del nuevo grupo político, pues no le parecen de izquierdas. Desde nuestro modesto punto de vista, vamos a responder. (Roldan es economista, así como analista para Europa en Eurasia Group, la consultora americana de riesgo político. Anteriormente trabajó en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. Escribe en El Huffington Post y El País.
Roldan dice: “Los datos nos dicen que Podemos apunta a consolidarse como la tercera fuerza política en España. Con un reto como este puede existir la tentación en los demás partidos de izquierda de querer incorporar algunas de sus propuestas en su programa. ¿Deberían hacerlo? En lo que sigue se analizan algunas de las principales propuestas económicas de Podemos y se contraponen a las que debería llevar a cabo un gobernante de izquierdas responsable. Ya les adelanto que, puesto que ignoran los incentivos y las restricciones existentes en la economía, las propuestas de Podemos lograrían exactamente el efecto contrario al deseado: perjudicarían a los pobres, a los parados y a las pequeñas y medianas empresas.
1. Prohibir los despidos en las empresas con beneficios. Imagínese que usted tiene un negocio y anticipa una caída de ingresos en el futuro que le obligará a ajustar sus costes. Si no puede ajustarlos ahora (por ejemplo, sustituyendo trabajadores desmotivados por otros más productivos), cuando lleguen las vacas flacas se encontrará que ya es demasiado tarde para reaccionar y se verá obligado a cerrar el negocio. En cambio, el jefe de la competencia, que es menos honesto que usted, para no reflejar beneficios probablemente inflará costes y se subirá el sueldo. Con lo que como resultado de la bienintencionada política de Podemos la economía terminará con una empresa menos, más paro, más desigualdad y más fraude.
Prohibir despidos injustificados legalmente a medianas y grandes empresas con suficientes beneficios no es ninguna tontería. Las cotizadas del selectivo Ibex 35 ganarán en conjunto 35.900 millones de euros en 2014, habiendo cerrado el ejercicio de 2013 con unas ganancias de 17.700 millones de euros. Son magnitudes muy altas, pero para estas empresas nunca es suficiente, y quieren más. Una vía sencilla es despedir empleados y repartir entre los demás trabajadores el cometido que el despedido tenía. La vía difícil pero correcta es invertir más en I+D y en abrir nuevos mercados a la exportación. Eso si crearía empleo.
2. Dejar de pagar la deuda pública. A algunos les parecerá evidente, pero para poder seguir pagando los sueldos de los funcionarios y mantener abiertos los hospitales, los poderes públicos necesitan financiación. Esa financiación se la ofrecen los que compran la deuda del Estado; ciudadanos y empresas que se agrupan en eso que llamamos “mercados”. Si los mercados creen que existen riesgos para recuperar su dinero, pedirán un interés más alto por prestarlo. Si creen que lo van a perder, simplemente no lo prestarán. Si mañana el Tesoro español dejara de pagar la deuda a sus acreedores, España quedaría aislada de la financiación internacional durante años, lo que haría que los problemas que tenemos ahora parecieran insignificantes.
La burbuja inmobiliario-bancaria-institucional produjo millones de desempleados y cientos de millonarios, situando a nuestra economía al borde del rescate. La política gubernamental del PP ha sido y es simple: que los ciudadanos rellenen el agujero financiero a base de recortes y subida de tasas e impuestos, y congelación o disminución de salarios.
Pero esa opción no crea empleo, pues solo mejora levemente la tasa de paro en el verano o las rebajas de enero, y con contratos de corta duración o a tiempo parcial. Ahora nuestro país –que no es Alemania, ni se le parece- necesita estímulo económico más que rebajar la deuda al nivel que quiere la señora Merkel.
3. Derogar la reforma de pensiones. En países muy endeudados como España, con alto desempleo y pobres perspectivas de crecimiento, los márgenes del Estado para ofrecer mayores derechos sociales son muy limitados. Engañar a la gente con promesas incumplibles no solucionará ese problema. En España era necesario reformar las pensiones por una razón muy sencilla: el sistema era insostenible. Para 2050 el número de pensionistas aumentará de los 9 millones actuales a 15 millones, mientras que la población activa permanecerá probablemente a un nivel similar. La única forma de garantizar que los que nos retiremos dentro de 30 o 40 años sigamos recibiendo unas prestaciones dignas es adaptando el sistema a la aplastante evidencia demográfica y económica.
¿Qué hubiera hecho un gobernante de izquierdas responsable? Para sentar las bases de un Estado del bienestar eficaz y sostenible hubiera complementado la reforma de pensiones con una reforma fiscal de calado para mejorar la recaudación pública, que está muy por debajo de la de la media europea, distribuyendo la carga fiscal de una forma más eficiente y justa, combatiendo el fraude, ampliando las bases imponibles y aumentando la imposición sobre el consumo. Es decir, lo contrario que ha hecho el PP.
Naturalmente que la salud de nuestro sistema de pensiones requiere una reforma fiscal de calado. Más aún: una reforma redistributiva radical, y también una intensa lucha contra el fraude (en España la economía sumergida dobla la media europea y supone un 24,6% del PIB del país. en concreto, en 2012 se elevó hasta los 253.135 millones de euros, y parte de la culpa la tiene la escasez de medios de la agencia tributaria, que cuenta con tan solo un trabajador por cada 1.958 habitantes, frente a los 740 de Alemania o los 942 de Francia.
A su vez, un portavoz de Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda manifestaba hace poco que «El 72% del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas». un hecho que «el Estado pierda 90.000 millones de euros al año. Nuestra solución pasa por la tributación de las grandes fortunas y grandes empresas que mediante ingeniería financiera eluden pagar buena parte de sus impuestos.
Por otra parte, resulta curioso que no se hayan congelado o disminuido las pensiones máximas, cuya cuantía se sitúa, actualmente, en 2.554,49 euros.
4. Derogar las reformas laborales e imponer la jornada de 35 horas. El mercado laboral español generaba más parados que ningún otro país en el mundo occidental y además era un sistema enormemente injusto que protegía a algunos privilegiados con contrato fijo y dejaba a todos los demás (la mayoría jóvenes) en una situación de altísima fragilidad.
¿Se solucionaría ese problema trabajando menos horas como propone Podemos? Evidentemente, no. Un gobernante de izquierdas responsable sabría que reducir la jornada laboral de un ingeniero de software o de un profesor universitario no serviría para crear empleos porque la inmensa mayoría de los nuevos parados no tienen formación universitaria y ofrecen unas cualidades que (ya) no son las que necesitan las empresas. ¿Significa eso que la reforma que ha hecho el PP es la buena? Tampoco. Se tendría que haber hecho mucho más para mejorar las políticas activas de empleo, además de una reforma integral de nuestro sistema educativo, apostando por el capital humano como el eje central para el futuro de nuestra economía. Volver atrás como propone Podemos solo hubiera perpetuado el paro y las injusticias.
Hay que reconocer, aunque sea duro hacerlo, que el problema del paro en España es casi endémico, puesto que las cifras, relativamente bajas, del “Boom” inmobiliario eran ficticias, ya que todos esos empleos vinculados a ese sector eran humo que el viento se llevó, pues las miles y miles de viviendas terminadas o a medio construir acabaron no vendiéndose. Los peones, albañiles, gruistas, arquitectos, vendedores, etc., estaban empleados artificialmente, pues producían ladrillo que no se iba a tener comprador.
Sin el tirón inmobiliario se han perdido tres millones y medio de puestos de trabajo. El cambio de modelo económico, basado en la innovación de los productos y la exportación requiere tiempo, pero los parados sin ningún tipo de ayuda no pueden esperar años. El reparto del tiempo de trabajo sería una medida coyuntural hasta volver a un porcentaje de parados de menos de dos cifras.
5. Tomar el control político del BCE. Lo primero que harían unos políticos interesados en ganar elecciones si pudieran imprimir dinero sería imprimirlo en cuanto los problemas aparecieran. ¿Para qué confrontarse a monopolios injustos o perder votos reformando ineficiencias del Estado si se puede crear dinero gratis? Pronto la inflación se dispararía y con ella se dilapidarían los ahorros de los trabajadores.
¿Significa eso que el Banco Central Europeo funciona a la perfección? Desde luego que no. Pero un gobernante de izquierdas responsable sabría que la solución es despolitizarlo más y no menos y, si es necesario, cambiarle el mandato para incluir el pleno empleo, como en EE UU.
Si de pronto España decidiera ir en dirección opuesta a la de todos sus socios europeos y avanzara por el camino que propone Podemos, en poco tiempo nos quedaríamos sin financiación para mantener los servicios públicos básicos. La economía poco a poco se haría más improductiva, cerrarían empresas y el paro se volvería a disparar. Pronto, la inflación se comería los ahorros de los trabajadores y aumentarían todavía más las desigualdades.
La deuda pública en Estados Unidos en 2013, que ha sido de 13.220.239 millones de euros, ha crecido 286.578 millones desde 2012. Esta cifra supone que la deuda en 2013 alcanzó el 104,52% del PIB en Estados Unidos, una subida de 2,16 puntos respecto a 2012, en el que la deuda fue el 102,36% del PIB.
La deuda pública en Italia ha crecido en el primer trimestre de 2014 en 50.927 millones de euros y se sitúa en 2.120.143 millones. Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 135,60% del PIB en Italia, mientras que en el trimestre anterior, cuarto trimestre de 2013, fue del 132,60%. En Japón se sitúa en 235,7% , en Irlanda 123,7% y en Bélgica 101,5%. En España, recordamos, es del 93,9% (960.666 millones).
Y sin embargo, estos países no tienen problema para financiarse.





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