Según las
informaciones publicadas en diversos Medios, el juzgado de Instrucción número 4
de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria
que comenzó el Gobierno Regional en 2003. El magistrado Marcelino Sexmero ha
admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos AFEM,
una de las organizaciones que promueven la denominada “marea blanca” de
protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos delitos de cohecho,
prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.
Además, ha citado
a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros y dos altos cargos
de Sanidad, y cinco representantes de las empresas que, presuntamente, podrían
haberse beneficiado de las decisiones políticas. Concretamente, los querellados
son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José
Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la
consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también
cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado
concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su
denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.
La acción penal
señala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de
privatizaciones (por ejemplo,“la negligencia en el control del gasto público,
la facturación intercentros y la vulneración de los derechos de los pacientes
protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad
de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos
y Obligaciones”) que dio como resultado la apertura de los hospitales de
Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011), gestionados
enteramente por empresas privadas. Y solicita al Registro Mercantil que
identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con IDC Salud:
Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers
Develops, S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para que sus
autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments
BV, la empresa con la que termina el rastro de compañías accionistas de Capio
en el Registro Mercantil español.
El juez, en el
auto, indica que el objeto de esta investigación es "la averiguación de la
realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan
trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático
de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o
engaño".
Del mismo modo,
se dirige a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por
la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de
1,5 millones de euros a Capio, en la medida que pueda haber perjudicado a la
Hacienda Publica".
También,
investigará "la denunciada falsedad o no facturación intercentros, las
irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y
en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de
exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la
gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público
en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de
estas".
El actual
consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, señaló en respuesta
que se trata solo de "un trámite" y que "es una maniobra
política más del PSOE y de su sindicato AFEM, que no tiene mayor
significado", una contestación poco menos que absurda, pues es
sobradamente sabido que ese sindicato es una organización profesional de
cuadros, cuyos miembros no responden a los intereses de ningún partido político
en particular, sino a los de su profesión. Lasquetty, deliberadamente, miente a
este respecto a la Opinión Pública, abusando de la ignorancia de buena parte de
la ciudadanía respecto a muchos detalles del proceso.
Paralelamente, el
secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha viajado hasta Bruselas, acompañado
por la secretaria de organización, Maru Menéndez y el diputado y portavoz en
materia sanitaria en la Asamblea, José Manuel Freire, para presentar ante la
Comisión Europea una denuncia contra mencionado proceso de privatización de los
hospitales madrileños.
El objetivo de la
denuncia interpuesta en Bruselas, señalaba el dirigente socialista, es que,
basándose en las graves irregularidades de procedimiento detectadas en este
proceso, la Comisión Europea tome las medidas previstas para este tipo de
vulneraciones de la ley e inicie un procedimiento de infracción del derecho de
la Unión que culmine con el envío de un dictamen motivado al Gobierno, que
conllevaría la retroacción de todo el proceso de privatización, lo que
significaría en términos prácticos la nulidad del concurso llevado a cabo por
la Comunidad de Madrid.
Informe:
“INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD DE LOS PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
CORRESPONDIENTE A SEIS HOSPITALES POR LA COMUNIDAD DE MADRID”.
Texto elaborado
mediante la coordinación de los Equipos Técnico de AFEM y de Derecho Público,
Regulación Económica y Competencia del bufete LR&CF. La redacción final se
ha efectuado por Juan de la Cruz Ferrer, socio de LR&CF, Profesor Jean
Monnet de Derecho Europeo y de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense y Director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia
Enlace: http://www.asociacionfacultativos.com/images/comunicados/ilegalidad.pdf
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